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Las NTC son notas técnicas editadas por la CUBP

Su objeto es servir de apoyo documental en asuntos normativos, procedimentales o preventivos relacionados con la profesión de bombero
Introducción

 

Como todos sabemos, desde los años 80 la ley de hacienda locales establece que las compañías de seguros contribuyan al sostenimiento de los servicios de bomberos, en cuanto a las contribuciones por el mantenimiento, establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios.

En este sentido, las entidades aseguradoras derivan a los servicios de bomberos dos clases de aportaciones:

Aportaciones provenientes del cobro de tasas por prestación del servicio (la tasa que paga el seguro que cubre a un bien incendiado al que le hacemos el PUA correspondiente).

Contribuciones especiales provenientes del 5% de las primas contraincendios.

En 2010, del presupuesto total de bomberos en todo el Estado (1.338.352.001 €), 129.516.277 € procedían de la aportación de UNESPA sobre el 5% referente a las primas contraincendios de los seguros.

La LRHL o “Ley Reguladora de las haciendas Locales” (BOE-59, 2004), en su art. 32.1b establece que el límite de la cuota está en el 5% del total importe de las cuotas ingresadas por el concepto de las pólizas de incendio.

El dato objetivo de dicho 5% debía aportarlo el sujeto pasivo, esto es, las compañías de seguros, o su patronal, UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras). No obstante ese dato no lo proporcionaban casi nunca, ya que hace años que las pólizas contraincendios pasaron a convertirse en “pólizas multirriesgo” por lo que con frecuencia existían dificultades para lograr un dato objetivo al respecto, y lo que venían haciendo era una “estimación” de dicho porcentaje a través de un “proceso negociador” con la Gestora de Conciertos Para la Contribución a los SPEIS,  llegando a acuerdos con las AA.PP. para tres o cuatro años, por cantidades presuntamente distintas a las que objetivamente les pertenecía.

Ante esa realidad, parecía conveniente instar a la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Hacienda, a establecer un mecanismo objetivo que aportase los datos referidos a nivel territorial, de manera que no cupiese lugar a dudas de cuál es dicho 5%, pero esta institución se justificaba alegando que sus estadísticas no tienen carácter territorial y que dicha cuantificación resultaba harto difícil.

Finalmente, otra solución podía ser instar al Gobierno a modificar la LRHL introduciendo un porcentaje sobre las propias pólizas multirriesgo directamente. Y a partir de ahí, con ese dato en la mano, que cada AAPP. reclamase a UNESPA la cuantía correspondiente sin necesidad de tener que negociar sobre datos estimados.

Pues bien, en teoría ese problema ya está solucionado con la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras publicada en el BOE núm. 168, de 15 de julio de 2015, la cual por fin establece en su Disposición Adicional 14ª y otros articulados la obligación de las compañías aseguradoras de volcar información de las pólizas que realicen por término municipal donde radique el bien asegurado, al Consorcio de Compensación de Seguros a fin de que las Administraciones que gestionan servicios de bomberos puedan disponer de una fuente fiable de datos para el cálculo de la Contribución Especial por el establecimiento o ampliación del servicio de extinción de incendios.

Esta misma ley, por cierto, también establece la obligación de que las entidades aseguradoras informen de las cantidades que correspondan en cuanto a tasas por prestación del servicio de extinción de incendios.

Esta información deberá estar desglosada por términos municipales y entidades aseguradoras, de forma que pueda determinarse el porcentaje que el volumen de primas del seguro de incendios de una entidad aseguradora representa sobre la suma del volumen de primas de todas las entidades aseguradoras que cubren el riesgo de incendios de bienes situados en un municipio.

Este cambio normativo se ha introducido gracias a una proposición de ley que promovió en el año 2008 la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España, Conbé, junto con la FEMP y el apoyo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y se ha materializado en 2015 con esta ley de ordenación, supervisión y solvencia de las aseguradoras.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) deberá ser informado por un representante de cada entidad aseguradora mediante la presentación e ingreso de las autoliquidaciones de los recargos obligatorios a favor del Consorcio, en lo que ellos denominan “arbitrio de bomberos” a través de la intranet del CCS.

El representante de la entidad aseguradora tiene que introducir las claves y contraseñas que le serán suministradas por el CCS e informará del 100% de las primas cobradas netas de extornos de los ramos conforme al siguiente detalle:

06: Incendio, 17: Multirriesgo Hogar, 18: Multirriesgo Comercio, 19: Multirriesgo Comunidades, 20: Multirriesgo Industrial y 21: Otros Multirriesgo.

A estos efectos, las primas a considerar serán el 100% de las correspondientes al seguro de incendio y el 50% de las correspondientes a los seguros multirriesgo que incluyan el riesgo de incendios. Cosa que anteriormente, como hemos mencionado, estaba por cuantificar de manera objetiva.

En caso de existencia de coaseguro la obligación recaerá en cada entidad coaseguradora en función a su cuota de participación.

Esta obligación resultará de aplicación tanto a las entidades aseguradoras españolas como a las domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que ejerzan su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

Normalmente el plazo para aportar estos datos será entre los meses de marzo y abril y el CCS pone a disposición un email y unos teléfonos para que las entidades aseguradoras puedan realizar esta gestión online.

Además, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras introduce en su artículo 195.21 como falta grave la ausencia de remisión de esta información al fondo de compensación de seguros, y de falta muy grave cuando tal conducta tenga carácter reincidente (art. 194.16).

¿Qué puede significar esta normativa para los Servicios de bomberos?

Si hasta 2015 lo que se venía haciendo era una “estimación” de dicho porcentaje, llegando a acuerdos con las AA.PP. para tres o cuatro años, podemos pensar que durante años las cantidades aportadas han sido inferiores a las que legalmente les pertenecía, ¿Si no qué sentido tiene negociar?, y que, por tanto, los SPEIS, a partir de ahora, con los datos objetivos, quizá contarán con algo más de capacidad recaudatoria y presupuestaria.

Pensemos que en muchas de las negociaciones que hasta ahora se llevaban a cabo, “probablemente” no se llegaban a desembolsar el porcentaje exacto de estas contribuciones especiales, llegando a acuerdos de menor cuantía pero que evitaban tratar las aportaciones como tales (como pueden ser las donaciones). Esos ingresos, al no ser contemplados como contribuciones especiales, se podrían dedicar a otras partidas, incluso en departamentos municipales o provinciales ajenos al de bomberos. Así que puede que esta nueva ley suponga un incremento presupuestario que, por poco que sea, podría mejorar nuestros servicios. Lo que sí es seguro es que ha venido a objetivar las cuentas ya que el dispone de datos fidedignos.

Contribuciones especiales en los SPEIS
¿A qué se puede dedicar las contribuciones provenientes de las entidades aseguradoras?

Como hemos visto, las contribuciones de los seguros son compatibles (art. 22 RDL 2/2004 de la Ley Haciendas Locales) y de dos tipos, y cada una de esas modalidades se puede emplear a partidas presupuestarias diferentes. El cobro de tasas son contribuciones ordinarias, mientras que las cuotas porcentuales de las primas se consideran “especiales”, y son fondos para la ampliación o el establecimiento de nuevos SPEIS.

  • Aportaciones provenientes del cobro de tasas por prestación del servicio

Se pueden dedicar a cualquier partida, puesto que forman parte del presupuesto para el “mantenimiento del servicio”. Y, por tanto, pueden dedicarse a gastos corrientes y recursos humanos (sueldos).

  • Contribuciones especiales provenientes del 5% de las primas contraincendios.

Sólo se pueden dedicar a inversiones reales que tengan que ver con la ampliación o establecimiento de los servicios de bomberos (Compras de materiales, equipos y vehículos, inversiones, reformas u obra pública, etc.

¿Cómo podemos saber qué cantidad corresponde a nuestro SPEIS?

Con la nueva ley las entidades aseguradoras tienen de plazo para enviar esa información al Consorcio de Compensación de Seguros hasta el 30 de abril de cada ejercicio. Las entidades aseguradoras envían el informe desglosado por municipios, así que no es tan difícil saber qué cantidad corresponde a cada SPEIS (municipal, provincial o autonómico), porque además la información será objeto de tratamiento automatizado y será suministrada directamente.

El Consorcio de Compensación de Seguros suministrará la información desglosada de las primas cobradas por riesgos localizados en cada término municipal a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a la “Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios A.I.E.”, que es una Agrupación de Interés Económico; que se traduce por “empresa privada”, representativa de las entidades aseguradoras.

Y la suministrará en soporte digital, y antes del 30 de junio de cada ejercicio para su puesta a disposición a los SPEIS.

Así que, en cada ejercicio los SPEIS recibirán la cantidad exacta que le corresponde sin tener que negociar, y el ingreso de dicha cantidad debe acompañarle el correspondiente informe de finalización de “ampliación o establecimiento del servicio”, es decir, una vez ejecutada la obra o la inversión, y ya disponible para su uso, se podrá realizar el “devengo del dinero”, a no ser que exista un acuerdo previo de anticipo con la Gestora de Conciertos. Es decir, tiene que haber una “prueba” de las inversiones realizadas.

¿Cómo se sabe que las contribuciones recibidas se emplean en inversiones y no en otra cosa?

En virtud de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Régimen Local, cada administración local está facultada para dictar su propias Ordenanzas Fiscales Generales, de las que derivan las ordenanzas fiscales reguladoras de las contribuciones especiales para el establecimiento o ampliación de los SPEIS,  a través de las cuales regulan dichas contribuciones. Y según lo dispuesto en la Ley de haciendas Locales (art. 31) éstas deben cubrir como máximo el 90% del total de las inversiones de ese año. Es decir, si un SPEIS recibe 90.000 € de los seguros, debe invertir otros 10.000 € para justificar que el 90% de esa inversión la realizó con esos fondos, de un total de 100.000 €; y así ha de venir reflejado en la ordenanza fiscal.

La administración que implemente el tributo (En este caso los SPEIS o aquellas que los asuman) debe promulgar una Ordenanza Fiscal que justifique a qué se han dedicado los fondos derivados de las contribuciones especiales para los SPEIS en cada ejercicio. Así que, como contrapartida a la percepción de tales contribuciones, nuestros servicios deben poner ese documento a disposición pública en el BOP y de la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios A.I.E cuando acabe cada ejercicio. Sobre todo, si ha habido un acuerdo en el que se han recibido anticipos sobre esas contribuciones.

Esto significa que nuestros SPEIS están obligados a invertir en materiales, vehículos y equipos “todos los años”. Y a justificar tales inversiones, con lo cual, ahí tenemos otra fuente de información para solicitar a nuestros servicios: la pertinente ordenanza fiscal para saber bien cómo se regulan dichas contribuciones en nuestra administración.

¿Podría mejorar la financiación de los SPEIS ampliando la contribución a otro tipo de seguros?

La contribución de los seguros contraincendios no incluye todo tipo de pólizas, sino sólo aquellas del ramo 8, (Incendios y elementos naturales), previsto en artículo 6 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y se refiere a bienes que no supongan vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres o fluviales o seguros sobre mercancías. Es decir, se trata únicamente de seguros contraincendios sobre bienes inmuebles, ya sean viviendas o industrias.

Así que, si bien los SPEIS disponen de una fuente de financiación objetiva que necesariamente deben dedicar a inversiones materiales, no se dispone de ninguna fuente de financiación objetiva para ser asignada a la partida de personal, que es la que peor se encuentra en estos momentos.

Los casos descritos en esta NTC tratan de contribuciones objetivas y directamente proporcionales, aunque dependientes del volumen de actividad, es decir, a mayor número de seguros y a mayor número de intervenciones, mayor capacidad de recaudación.

Los presupuestos de las AAPP, de los que se nutre la partida de “personal”  ni son del todo objetivos, ni tienen por qué ser directamente proporcionales al volumen presupuestario de la administración pública en la que se encuadre el servicio de bomberos en concreto, estando sujeto a demasiadas fluctuaciones. Y al tratarse de la partida de mayor volumen, las repercusiones sobre el funcionamiento de los SPEIS suelen ser notables.

En otras palabras, dependemos de dos variables:

  1. De la capacidad presupuestaria del ayuntamiento, consorcio o comunidad autónoma.
  2. De la «voluntad» de invertir en bomberos por parte de esas AAPP.

A su vez, la capacidad presupuestaria es dependiente del endeudamiento al que haya sido sometida la administración, y de los «compromisos» que se adquieran con empresas «amigas» a la hora de realizar inversiones, por lo que en buena medida también dependemos de la «buena gestión» de cada uno de los gabinetes políticos que, legislatura tras legislatura, van pasando por nuestras AAPP.

En opinión de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), estos aspectos están condicionando considerablemente el avance de los servicios de bomberos. Por ello desde esta asociación profesional se proponen dos posibles vías de mejora:

  1. Reinterpretación de los términos “Establecimiento o ampliación”

Las contribuciones especiales vienen reguladas por la Ley de Haciendas Locales (art. 28) en el que dice así: Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

La interpretación más común que se hace de los términos “establecimiento o ampliación de servicios públicos”; parece que sólo puede tener carácter de inversión, por analogía con el concepto de obra pública o adquisición de material, sin embargo se puede interpretar que el establecimiento o ampliación de los servicios también ocurren y son necesarios cuando se amplían plantillas, zasí que sería cuestión de trabajar en esa línea en los foros adecuados para que un máximo del 50% de esos fondos se puedan invertir en personal de nuevo ingreso. Así se garantiza que siempre se realizarán inversiones materiales, pero también habría lugar para ejercicios en los que se puedan acometer ampliaciones de plantilla con parte de esos fondos si así se decide por las mesas generales de negociación.

  1. La inclusión de otras pólizas contraincendios

Conviene apuntar que hace unos años se creó el Fichero Informatizado de Vehículos Asegurados (FIVA), al cual todas las entidades aseguradoras envían diariamente las variaciones (altas y bajas) de los vehículos asegurados en su cartera para controlar la suscripción del Seguro Obligatorio de Responsabilidad por Circulación.

En España existen alrededor de 28 millones de seguros de vehículos, los cuales incluyen póliza de incendio ya que son pólizas multirriesgo. Si se aplicara el mismo criterio del 5% sobre el 50% de dichas pólizas podría mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de bomberos si se debiera dedicar esa partida exclusivamente a la ampliación de personal. Lo que, por otra parte, podría ser repercutido por todas las entidades aseguradoras a los usuarios (tal como se viene haciendo en las pólizas contraincendios sobre bienes inmuebles), no teniendo que perjudicar su legítima competitividad ya que las pólizas aumentan ligeramente en todas ellas en la misma proporción.

La asunción de esta medida supondría dejar la partida de contribuciones especiales proveniente de bienes inmuebles íntegra para inversiones materiales, tal y como está ahora; Mientras que las contribuciones especiales provenientes de transportes quedarían íntegras para personal.

Para llevar a buen término estas propuestas, sería interesante crear una comisión de trabajo en el Ministerio de Economía y hacienda, y estamos convencidos de que lograr cualquiera de estas dos medidas no sólo sería muy positivo para nuestros servicios, sino también para los ciudadanos

Propuesta de la CUBP para las contribuciones especiales en los SPEIS