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Las NTC son notas técnicas editadas por la CUBP

Su objeto es servir de apoyo documental en asuntos normativos, procedimentales o preventivos relacionados con la profesión de bombero

Introducción

El ministro Javier Moscoso, firmó el 21 de diciembre de 1983 una instrucción que instauraba los famosos días para asuntos propios. En aquel año se instauró también para el funcionario el sueldo por meses de 30 días, lo que rebajó notablemente su sueldo ya que hasta entonces la base de cálculo era semanal. No obstante, ese cambio también supuso una discordancia entre los días que se trabajan y los que efectivamente se pagan (y por tanto generan la obligación de ir a trabajar) puesto que no todos los meses tienen 30 días, sino que tenemos nada menos que siete meses de 31 días, cuyo día extra no se les pagaba y los funcionarios tenían que ir a trabajar a pesar de no estar contemplado en la ley ni en su salario. Finalmente, teniendo, como vemos, razones jurídicas suficientes, solicitaron que esos días les fuesen remunerados. Ante la negativa del Gobierno finalmente se acordó reconocer el derecho al disfrute de esos días por asuntos particulares, (porque ni están obligados por ley a ir a trabajar ni las AAPP a pagarlos, por lo que está bastante claro que no se trata de ningún regalo o favor).

Además, cuando a un trabajador se le descuenta dinero (retrasos, huelgas… etc) el cálculo se le hace sobre el mes de 30 días, con lo que el descuento es mayor que si se le reconociera el sueldo por meses de 31 días…por eso se acogen al mes de 30 días a pesar de que hay otros tantos meses de 31.

Cambios recientes

Tras el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, los días por asuntos particulares pasaron de 6 a 3, y los días adicionales por antigüedad fueron eliminados, de tal forma que quedaban en suspenso y sin efecto todos los Acuerdos, Pactos y Convenios del personal de las Administraciones Públicas en lo referente al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales por antigüedad.

A finales de 2013 se procedió a la restitución del cuarto día por asuntos particulares y en 2014 a la devolución del quinto día, con aplicación en todas las Administraciones Públicas.

Finalmente, en 2015, mediante el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, se restauraba este derecho de los empleados públicos, teniendo el carácter de máximos, cerrándose la puerta a su ampliación negociada, y haciendo imposible restituir completamente el statu quo recogido en los pactos, acuerdos y convenios que pudieran haberse logrado con anterioridad a 2012.

A partir de 2015 todos los empleados públicos del Estado tendrán derecho a unos máximos de:

Días por asuntos particulares:

  • 6 días al año.
  • + 2 días adicionales si se tienen 6 trienios o más.
  • + 1 día adicional por cada trienio que se cumpla a contar desde el 8º.

Días por vacaciones:

  • 22 días hábiles al año, excluidos los sábados.
  • + días adicionales según los años de servicio del empleado público:
  • 15 años de servicio: 1 día adicional.
  • 20 años de servicio: 2 días adicionales.
  • 25 años de servicio: 3 días adicionales.
  • 30 años de servicio: 4 días adicionales.

Los días adicionales pueden disfrutarse desde el día siguiente al cumplimiento de la antigüedad indicada para cada caso, pudiéndose disfrutar hasta el 31 de enero del año siguiente (Resolución de 16 de septiembre de 2015 de la Secretaría de Estado e Administraciones Públicas).

En los empleados públicos de las administraciones locales, los 4 días adicionales por vacaciones, vía negociación, pueden tener un criterio de distribución distinto al de los empleados públicos del Estado; es decir, pueden acordarse unos tramos de antigüedad para los días adicionales de vacaciones más beneficiosos.

Ante la ausencia de negociación se aplicaría lo establecido para los empleados públicos del Estado, en base a lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986 según el cual “Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado”. Es decir, se pueden negociar “al alza”.

Por otro lado, la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, habilita a incorporar a los calendarios laborales, cada año natural, como máximo un día de permiso cuando durante dicho año alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperables y no sustituibles por las Comunidades Autónomas coincidan en sábado.

Regulación actual de los días de asuntos particulares

La Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dice así: …los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de dos días adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio.

Cuando por estas razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días de permiso por asuntos particulares, así como, en su caso, los días de permiso previstos en el apartado siguiente, podrán acumularse a los días de vacaciones que se disfruten de forma independiente. ¿Qué se entiende por días de vacaciones de forma independiente? Significa que tienes derecho a solicitar hasta 7 días de vacaciones de forma aislada (sin contar los sábados ni domingos), es decir, 15 días por un lado como mínimo, y hasta 7 días de forma independiente a base de días sueltos o en un grupo de hasta 7 días, y que los días de asuntos propios los puedes unir a estos días sueltos de vacaciones independientes.

En muchos servicios de bomberos, debido a la falta de personal casi nunca se pueden coger los días de asuntos propios, y por tanto esas horas se van acumulando puesto que en todas las guardias se da la circunstancia de que se está bajo mínimos y es cuando debemos remitirnos a la jurisprudencia. Diferentes sentencias del TC y de la Audiencia Nacional concluyen que si las AAPP se acogen al concepto “necesidades del servicio” deben justificar dicha denegación deberá contener la necesaria justificación, concretando cuáles son esas circunstancias que concurren en el supuesto: si se alega que se carece de personal para montar el servicio, habrá de justificarse qué tipo de servicio debe prestarse, cuantas personas se necesitan, por qué es necesaria concretamente la concurrencia del afectado, etc.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del 12 de Noviembre de 2008 (recurso: 96/2008) declara que el referido concepto de ‘necesidades del servicio, constituye un concepto jurídico indeterminado que otorga a la Administración un margen de apreciación, en orden a concretar las circunstancias que entiende que concurren en el caso para el ejercicio de esa facultad, debiendo aportar al expediente el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que garantiza la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifica.

Otra Sentencia, esta vez del Tribunal Supremo (Sala 3) de 24-3-2011: dictaminó que dicho concepto no puede ser utilizado como excusa o justificación de una denegación fundada en norma jurídica habilitante, cuando no se expresan qué razones o causas que integran aquel concepto en una determinada relación jurídica administrativa. Es decir, no es suficiente alegar causa de “necesidades del servicio”, sino que debe justificarse convenientemente tal denegación, de modo que el trabajador pueda emprender acciones defensivas contra la misma, primero en vía administrativa y luego jurisdiccional en aras de fiscalizar la legalidad de la actividad administrativa.

Además, la propia ley de procedimiento administrativo 39/15 de Procedimiento Administrativo Común establece, en su art. 35.a, que: “Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.”

Resumiendo lo que dictamina la jurisprudencia en cuanto a “necesidades de servicio” se refiere, podemos decir lo siguiente:

  • Dicho concepto debe quedar reflejado en la ley, y por tanto no puede ser un concepto subjetivo cuya competencia a la hora de determinarla quede al margen del poder legislativo.
  • Establecen límites objetivos y teleológicos, es decir, debe afectar estrictamente a cuestiones relacionadas directamente con el servicio público que se presta, cuyas circunstancias normalmente surgidas de circunstancias imprevistas susceptibles de ser justificadas y motivadas por escrito.
  • Si suponen una restricción de derechos a los trabajadores, las medidas deben desaparecer a la mayor brevedad posible, cuando desaparezcan o se corrijan las circunstancias imprevistas que lo motivaron, sin que puedan prolongarse en el tiempo una vez resueltas estas causas.
  • Tienen un límite formal, estableciendo la obligación de justificadas y motivadas siempre por escrito. Y se deben probar, además, documentalmente.
  • Por último, se debe justificar que para tales necesidades de servicio es adecuada su imposición a un trabajador concreto, con preferencia a otros.

Por ello, y en aras de ir archivando los respectivos documentos denegatorios es recomendable solicitar el justificante en el que se clarifiquen los motivos cuando se nos deniegue un permiso, porque además estos documentos serán la prueba fehaciente de que nuestros servicios se encuentran bajo mínimos y podrán servir de justificante en otras situaciones o acciones que emprendamos o nos veamos obligados a defendernos jurídicamente, aunque no atañan directamente a los asuntos particulares.

Además, como hemos visto, la jurisprudencia aclara que la Administración debe justificar que para tales necesidades de servicio es adecuada su imposición a un trabajador concreto con preferencia a otros, con lo cual es muy positivo contar con los preceptivos justificantes en previsión de posibles situaciones de acoso laboral.

Actualmente en los CCBB, no se trata de algo “coyuntural”, sino “estructural” que forma parte de la cotidianeidad y que, por tanto, no se ajusta al carácter “extraordinario” con el que se dictó ese acuerdo en 1983, en previsión de épocas o problemas coyunturales concretos (vacaciones del personal, bajas prolongadas, etc.).

Es decir, que dado el caso de que un funcionario solicite un día de asuntos propios, si da la casualidad que ese día el servicio se encuentra bajo mínimos por alguna circunstancia “coyuntural”, quedaría condicionado al mismo y no se le concedería.

Si se trata de algo esporádico es justificable, el problema viene cuando en una administración pública se da la circunstancia de las necesidades del servicio son de carácter estructural y durante todo el año permanecen, o que un determinado jefe de servicio aplica este criterio subjetivo con carácter discrecional y abusiva, e incluso con una persona o personas en particular, y deben ser los procesos judiciales, con el correspondiente amparo de la jurisprudencia, los que corrijan estas situaciones en ausencia de una mayor clarificación en nuestra normativa.

Para finalizar, es absolutamente necesario poner encima de las mesas generales de negociación estas circunstancias y llegar a acuerdos que permitan conciliar los derechos de los bomberos con las obligaciones derivadas de la prestación del servicio, introducir medidas procedimentales en los reglamentos internos y no dar por hecho que las necesidades del servicio son hojas en blanco a disposición de las AAPP.