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Los DT son documentos técnicos editados por la CUBP

Su objeto es servir de apoyo en asuntos normativos y procedimentales relacionados con la profesión de bombero

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, (Servicios de bomberos o SSBB) que se emplazan en nuestros municipios y provincias fueron los primeros en prestar el servicio público contra incendios y salvamento en nuestro país; Desde el 5 de enero de 1515 en Valladolid por citar un ejemplo. Y a día de hoy, junto con las diputaciones y cabildos, siguen siendo las principales entidades prestatarias de dicho servicio público esencial en todo el territorio.

Actualmente los SSBB existentes en el Estado se caracterizan por su disparidad y por la heterogeneidad en muchos aspectos básicos. En este sentido, en cada cuerpo de bomberos se han seguido criterios diferentes en aspectos clave de su funcionamiento, tales como su denominación, dimensionamiento de plantillas, uniformidad, equipamiento, distribución geográfica, escalas y categorías, acceso, formación, promoción, retribuciones y un largo etcétera de cuestiones importantes de cara a la prestación de un servicio eficaz, eficiente y homogéneo en todo el territorio del Estado, afectando a la operatividad del mismo.

La Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 26.1C y 26.2 establece la obligación de prestar el servicio de extinción de incendios a los Municipios y Diputaciones o entidades equivalentes, pero no ha establecido ningún criterio que regule cómo ha de prestarse dicho servicio en términos básicos, y en la práctica, los SSBB resultantes adolecen de niveles de coordinación y operatividad óptimos.

A pesar de que los SSBB españoles están atendiendo cerca de 400.000 emergencias anualmente, debido a la inexistencia de legislación estatal específica que establezca unos estándares de calidad homogéneos, ni instituciones estatales que presten un servicio de coordinación a los SSBB existentes, lo sucesivos Parlamentos no han sido conscientes de que sus SSBB están desregulados, con déficit de gestión estadística, legislativa y documental y en los que cualquier iniciativa que se desee hacer en pro del colectivo ha de hacerse a título individual.

CARACTERISTICAS

El hecho de no existir criterios reguladores que ni desde el punto de vista técnico, ni jurídico establezcan unos estándares de calidad homogéneos fomenta una gran disparidad  a la hora de actuar, tanto a nivel individual o en intervenciones conjuntas, y no hay duda de que la eficacia del servicio se resiente de manera objetiva. Algunas autonomías han regulado en cierta manera esta materia, sin garantizar la homogeneidad del servicio en su territorio, otras ni siquiera lo han hecho, como si este servicio, tras siglos de entrega, no mereciera tal consideración.

En nuestro país prestan servicio cientos de SSBB distintos: de carácter municipal, comarcal, provincial o insular, en forma de consorcios e incluso de CCAA. Además del servicio de bomberos de AENA que también hay que considerarlo un servicio público y cuyo ámbito de intervención es exclusivamente aeroportuario.

Por otro lado, al no existir un criterio organizativo claro, y haber otorgado competencias en materia de incendios forestales tanto a municipios como a CCAA, ha llegado un momento en el que en España contamos con el doble de personal para atender incendios forestales (IIFF) que bomberos municipales, existiendo CCAA en las que se invierte más del doble de presupuesto en este menester que en aquellos SSBB que han de atender las emergencias ordinarias de los ciudadanos en nuestras ciudades y carreteras.  Aún así, estos servicios privatizados o semiprivatizados adolecen de la suficiente precariedad como para considerar la revisión de ese modelo y afianzarlos como servicios públicos. De esta manera, si contásemos con criterios organizativos y competenciales a nivel autonómico sería más eficaz y eficiente integrar dichos servicios contra incendios forestales y municipales en una sola entidad pública, con un mayor aprovechamiento de los recursos y materiales, procedimientos y personal.

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

En cuanto al tipo de situación laboral, la mayoría de bomberos públicos son considerados funcionarios y agentes de la autoridad (con altas proporciones de interinos). En algunas CCAA, siendo funcionarios, no son considerados agentes de la autoridad. En otras, además sus contratos son laborales, debiendo recurrir a otros SSPP en los que delegar el ejercicio de la autoridad; con la consecuente pérdida de eficacia operativa y la puesta en riesgo de vidas, aunque mantienen la gestión.

Existen otras CCAA y municipios que no sólo no han otorgado el carácter de autoridad a sus agentes, sino que han externalizado el servicio mediante contratas o prestan el servicio a través de voluntarios. Muchas veces estos voluntarios están siendo remunerados (subvencionados) y tras un determinado tiempo acaban por denunciar a la entidad pública para forzar su contratación vía judicial ya que existe una considerable jurisprudencia actualmente sobre este particular. Aun así, en España, el 98,2% de los bomberos profesionales son empleados públicos. Y de ellos, el 92% son funcionarios de carrera. Y ese es el criterio mayoritario en las AAPP que debemos considerar a la hora de homologar estos servicios públicos.

Los criterios de organización territorial tampoco han seguido ningún principio técnico que tenga en cuenta los mapas de riesgos reales, de forma que tanto el dimensionamiento de plantillas como el emplazamiento de parques se ha alejado de la eficacia y eficiencia operativa, centrándose en criterios urbanísticos, presupuestarios y, sobre todo, coyunturales, lo cual se traduce en que actualmente existan provincias con 3 parques y otras de similares proporciones que cuentan con 15 o más parques distribuidos estratégicamente. Así, podemos encontrarnos con parques con 26 bomberos de guardia mientras que otros sólo cuentan con 3 bomberos o incluso con 1 bombero de guardia, como ocurre en algunos municipios.

Así, dependiendo de dónde resida el ciudadano, podrá recibir una atención casi inmediata o tendrá que esperar hasta una hora, e incluso más, para ser atendido por el servicio de bomberos más cercano, ya que, aunque salga del parque a los 2 minutos de recibir la llamada, la isócrona hasta su llegada es muy extensa.

Actualmente, si a un ciudadano le ocurre un accidente en un punto kilométrico de una provincia quizá será atendido en menos de 20 minutos, mientras que si le ocurre en la provincia limítrofe puede que tenga que esperar 1 hora o más para ser atendido, con el consecuente aumento del riesgo de muerte o lesiones permanentes. Hay que aclarar que cuando ocurre un accidente la mayoría de lesiones se derivan del modo de extracción de las víctimas, y existe una considerable diferencia entre ser atendido por un servicio de bomberos profesional o ser extraído por otro tipo de trabajadores o actuantes ocasionales, que por mucha voluntad que le pongan, no suponen una garantía para las víctimas. Todo depende de la voluntad de las AAPP y de la mayor o menor sensibilidad con este tema a la hora de haber destinado recursos a este servicio público, o haberlos canalizado a otros menesteres.

CRITERIOS OPERATIVOS

Por si todo esto no fuese suficiente, se han ido estableciendo criterios operativos basados puramente en límites territoriales municipales, de forma que se dan multitud de circunstancias en las que un parque de un servicio de bomberos de otro municipio o provincia llegaría antes a un determinado servicio, ya sea un incendio, un accidente de tráfico o un rescate, pero al no ser de su jurisdicción no tiene permiso para actuar; o debe pedirlo por el conducto reglamentario hasta obtener autorización con la consecuente pérdida de isócronas efectivas. De manera que con frecuencia asistimos a situaciones kafkianas en las que sabemos de la ocurrencia de un determinado servicio a escasos Km, e incluso centenares de metros de un parque de bomberos, pero no se puede intervenir porque el accidente ha ocurrido en otro término municipal limítrofe.

Así que las víctimas deben esperar a que llegue el servicio de bomberos de ese otro municipio para ser rescatadas. De forma que las emergencias han pasado a ser propiedad de los municipios, y a su vez, a los ciudadanos en nichos tributarios (ya que se cobran tasas por prestar este servicio público en muchísimos municipios).

Al no existir una normativa que establezca unos criterios básicos que desde el punto de vista técnico garanticen una prestación homogénea en todo el territorio, nos encontramos con una clara disminución de nuestra eficacia operativa.

No existe ninguna norma que establezca criterios operativos basados en mapas de riesgos, que haga que imperen principios operativos basados en la proximidad y la gratuidad y calidad del servicio, y que, a su vez, garantice que los agentes dispongan de la suficiente autoridad como para tomar decisiones en el momento más oportuno. En consecuencia, la disparidad con la que el contribuyente recibe el servicio dista mucho de ser homogénea en todas las CCAA, proporcional y, sobre todo, efectiva.

 

MODELO DE SERVICIO PRIVADO

Además, la situación de AENA es muy preocupante. La antigua AENA ha sido sustituida por una sociedad mercantil de derecho privado (también llamada AENA) y los bomberos no han sido adscritos a ENAIRE (Nombre actual del ente público AENA), como sería lógico al ser tan imprescindibles como los controladores (que sí lo están) como servicio esencial. De manera que se encuentran en una especie de limbo para que sean reconocidos como bomberos públicos, existiendo respuestas contradictorias desde las AAPP en este sentido. AENA ha pasado a denominarlos “técnico de extinción de incendios y salvamento: Bombero” en sus nóminas, y AENA y las AAPP se refieren a ellos como “bomberos de empresa” en las respuestas que dan a nuestras peticiones.

Es evidente que el principal cometido de los bomberos aeroportuarios no es participar en el plan de autoprotección del aeropuerto, ni proteger las instalaciones de AENA (lo cual define a los bomberos de empresa), sino que se encargan de hacer el mismo trabajo que los bomberos municipales, sólo que en el ámbito aeroportuario, es decir, proteger la vida de los ciudadanos que transitan y hacen uso de aeropuertos y naves.

Además, están sujetos al RD 383/2008 de jubilación anticipada para los bomberos de las AAPP, y a idéntico régimen de incompatibilidades, por lo que no entendemos por qué no se regulariza su situación y se equipara a la de la mayoría de bomberos públicos.

PROYECTO DE LEY MARCO

La inmensa mayoría de sindicatos y asociaciones profesionales creemos que ha llegado el momento de reivindicar una regulación marco para todos los SSBB, y que al igual que los países de nuestro entorno, contemos con una norma estatal que, sin perder la identidad y autonomía de cada servicio de bomberos, ni menoscabar las competencias legislativas de las CCAA, regule las bases de todos los SSBB del Estado.

Una norma que garantice al ciudadano unos mínimos estándares de calidad en este servicio público esencial. Y que además el propio Estado ejerza un papel coordinador.

En este sentido, creemos necesario desarrollar el mandato del artículo 26.1C y 26.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, estableciendo una Ley de Coordinación de los Servicios de Bomberos que permita establecer ciertos principios en cuanto a la prestación del servicio, como son los siguientes:

  • Dirección General de Bomberos (que haga estadísticas, estudios, asesore técnica y jurídicamente al colectivo).
  • Comisión de Coordinación de los SPEIS (un foro oficial en el que debatir sobre todo aquello que deba traducirse en normativa técnica, como puede ser isócronas, emplazamiento y arquitectura de parques, equipos de intervención,
    etc.).
  • Funciones básicas y competencias propias bien definidas con referencia a la LBRL.
  • Normalizar en el Estado la relación laboral de estos profesionales, en calidad de funcionarios y agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones (Contemplando a los bomberos aeroportuarios como empleados públicos).
  • Todos los SPEIS de gestión directa (Stop a las privatizaciones).
  • Derecho a la segunda actividad en todo el territorio estatal.
  • Todas las CCAA deben desarrollar una normativa propia en materia de SPEIS (actualmente hay muchas sin una ley propia de bomberos).
  • Categoría básica común “bombero” (basta de auxiliares) y nivel mínimo C1 (basta de bomberos C2).
  • Reconocimiento de “Accidentes y muertes en acto de servicio”,
    y seguros de accidentes y responssabilidad civil.
  • Comité de Seguridad y Salud Laboral permanente y catálogo de enfermedades profesionales.
UN PROYECTO COMPARTIDO

Queremos trasladar nuestro proyecto a todos los compañeros, a todas las organizaciones sindicales, y asociaciones profesionales, para dar a conocer cuál es, a nuestro juicio, la situación de la que venimos, en qué situación nos encontramos, y cuál es el camino que queremos recorrer para regular este servicio público.  Pues estamos seguros que compartimos objetivos, necesidades y planes de futuro comunes sobre la modernización de los SPEIS que protegen a los ciudadanos de nuestro país,.

En cualquier caso, os hacemos partícipes, porque este proyecto requiere el apoyo y la colaboración de todos.

Atentamente:

Junta Directiva de la CUBP

Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales

Estos son los motivos, este es el proyecto de la CUBP

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