Cuando el fin de un artículo publicado en determinados medios,  es “propagar” doctrinas, opiniones, sin que el contenido sea  necesariamente cierto, es sin duda, propaganda, si además se  llega a falsear, “propaganda barata”.  

En los artículos publicados éstos días por RTV al día, con los  titulares “Más de un docena de instalaciones y 150 efectivos: Así es la gran red  de parques de Bomberos en Salamanca” y “La pandemia multiplica las tareas de  los Bomberos en la provincia, contabilizándose 2.277 actuaciones en 2020”,  digamos, pretendiendo mejorar y ensalzar la imagen de un  servicio, supuestamente prestado por la Diputación de Salamanca  pero que realmente NO EXISTE, tenemos que decir que:  

  • 1.- Que los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y  Salvamento (SPEIS) a los que las diputaciones están OBLIGADOS  a tener, sólo pueden ser PROFESIONALES y PUBLICOS  (Bomberos). Y en la provincia de Salamanca lo sustituyen con un  servicio COMPLEMENTARIO (nunca esencial) de los profesionales. 
  • 2.- Qué salvo los casos de Béjar y Villares de la Reina, ninguno de  los demás ”entes» a los que se refieren, pueden ser llamados  Parques de Bomberos. En estos dos únicos casos es donde, al  menos, se cumple que los bomberos sean profesionales, si bien  todavía no cumplen todas las leyes y la jurisprudencia que nos da  la razón cuando afirmamos que “se debe desempeñar mediante  un servicio de bomberos profesionales y agentes de la  autoridad en el ejercicio de sus funciones”. 

Sólo con esta afirmación se deja meridianamente claro, que él  artículo, notoriamente manejado desde la propia diputación, tiene  “cimientos de paja” y ese tipo de construcciones no suele  aguantar. 

Por mucho que quieran mencionar como esencial la figura del  voluntario en la misma frase que “parque de bomberos”, ni esa  figura es esencial, sino complementaria ni son parques de  bomberos, sino Agrupaciones de Voluntarios a los que, además,  no se les puede exigir si quiera, respuesta; para que se entienda,  puedes llamar al 112, por haber tenido cualquier emergencia  (accidente, incendio, etc.) y que ninguno de esos integrantes  cercanos acuda por estar, por ejemplo, subido al tractor y no oiga  el móvil o, como en otros casos, se enfaden con la alcaldesa, que  quiere hacer las cosas bien y no mantener ese estatus  fraudulento del voluntariado.  

«Mezclar Churras con Merinas»

En el otro artículo, que sigue en la línea de mezclar “churras con  merinas” para seguir equivocando al ciudadano, destaca que: “las  labores” (loables y en momentos necesarias como apoyo logístico  a la población) las realizan esos supuestos “bomberos”  (voluntarios en fraude de ley cuando usurpan las funciones de los  bomberos profesionales agentes de autoridad) o los bomberos de  Villares y Béjar, cuando esa precisamente, SI es labor de  voluntarios. Ese tipo de tareas (que no funciones) respetan las  normas del voluntariado siempre y cuando no se cobre por ello es  decir, de manera altruista, sin embargo, tenemos constancia que  esos servicios se están cobrando.  

Llevamos años avisando

del incumplimiento de varias leyes, tras  los avisos llegaron las denuncias y tras éstas, las sentencias.  Sentencias que han dejado patente y muy claro que para ser  bombero hay que ser funcionario (como dicta la ley en un sistema  de selección por oposición que cumpla los principios  constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad),  agente de autoridad y poder desarrollar funciones que  salvaguarden las vidas, bienes e intereses de los ciudadanos, así  como de las diferentes instituciones y/o administraciones. 

A la Diputación de Salamanca y otras de Castilla y León y sus  dirigentes, parece habérseles olvidado que el todopoderoso  Tribunal Supremo les ha rechazado el recurso dando la razón al  

Tribunal Superior de Justicia de CyL, en la denuncia que la  PBPCyL interpuso y lo obvian en los medios de comunicación. El  TSJ dictamina con claridad meridiana que los bomberos deben ser  empleados públicos y agentes de autoridad, por ley, y por tanto  funcionarios de carrera. Y que sus funciones, determinadas en la  Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, son  exclusivas de éstos y no de privados ni voluntarios.  

Lamentablemente, los dirigentes de la institución provincial  salmantina y de forma sorprendente, lejos de hacer las cosas  fáciles, delimitándose a cumplir las leyes y las sentencias con  servicios públicos, ADEMAS MAS BARATOS, insisten en hacer las  cosas mal, de manera ilegal con, vayan uds. a saber, que interés. 

Desde la PBPCyL y sindicatos, vamos a seguir luchando

para  acabar con sus intenciones de seguir manteniendo modelos  ilegales, que lo único que hacen es favorecer a unos pocos, crear  “redes clientelares” engañar a los ciudadanos con modelos  fraudulentos y en muchos, casos ineficientes.  

Sigan ustedes con sus campañas de propaganda barata pero que  al final pagan sus conciudadanos; nosotros seguiremos  defendiendo la legalidad y la calidad del servicio público que los  ciudadanos salmantinos y Castellanoleoneses, PAGAN Y SE  MERECEN.