Rueda de prensa celebrada ayer en Cuenca por el despido de un bombero en el SPEIS de la Diputación Provincial

Tras haber logrado 16.000 firmas en 8 días (de 10.000 que se solicitaban y esperaban conseguir en un mes) y muchos vídeos de apoyo de bomberos de varias CCAA, se celebró ayer una rueda de prensa en Cuenca, en la que estuvieron presentes bomberos profesionales, la Asociación de Bomberos de la Provincia de Cuenca, la CUBP, Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid (CSIT), la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla la Mancha, UGT Madrid, y el apoyo del sindicato STAS, con el objetivo de dar a conocer oficialmente la situación del compañero despedido y ofrecer a los dirigentes de la Diputación una acción coordinada basada en el diálogo y la conciliación, que permita recapacitar sobre lo sucedido con la suficiente objetividad como para permitir la readmisión del bombero. Y, sobre todo, hacerlo antes de que se celebre el juicio que resuelva la demanda de despido, pues ambas partes se beneficiarían de ello y además se estaría poniendo fin a una situación difícil para la vida de un profesional con 16 años de servicio.

Para poner en antecedentes y exponer nuestro punto de vista sobre esta situación, hay que decir que el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Diputación de Cuenca se han dado lugar una serie de hechos que han tenido como consecuencia el despido de un bombero profesional con 16 años de servicio, y 46 años de edad. La gente se pregunta por cuáles han sido los motivos para despedir de forma fulminante a un trabajador de esa manera, y ciertamente, se han generado muchas dudas al respecto, los cuales necesitan ciertas aclaraciones para que lleguemos a comprender que se trata de una injusticia y, por tanto, un despido nulo a todas luces.

El trabajador afectado, Jose, al parecer se vio envuelto en un enfrentamiento con otro compañero que acabó con un parte de lesiones y una denuncia por parte del mencionado bombero. Sin embargo, durante el juicio no pudo demostrar que había existido tal agresión.

Independientemente de cómo fuese tal enfrentamiento, y sin entrar a valorar la personalidad de cada uno de estos actores, el hecho es que si en un juicio uno no puede demostrar aquello que dice, no implica directamente falsedad en testimonio. Es decir, si a uno le agreden por la calle y denuncia, deberá demostrar después tal agresión, y si las pruebas de que dispone no son suficientes no podrá hacerlo y el juicio lo perderá. Sin embargo, eso no significa que el juez dictamine que se haya acusado falsamente a alguien, porque una cosa es no poder demostrar algo, y otra muy distinta es que eso que uno dice sea falso. La denuncia se desestima por falta de pruebas y cada uno a su casa. Sin embargo, en Cuenca la interpretación que se hace es bien distinta.

La dirección del SPEIS de la Diputación de Cuenca entiende que el hecho de haber perdido el juicio, y no haber podido demostrar la agresión, se traduce directamente en falsedad testimonial. Lo que, a su vez, se interpreta como un grave perjuicio para la Administración por las bajas laborales de ambos bomberos en disputa. Lo cual conlleva una falta muy grave para este bombero.

Por otro lado, también se le acusa de que a lo largo de la discusión que dio lugar a la denuncia, Jose le dijo al otro bombero implicado que había tenido acceso a las preguntas de examen (cosa que niega haber dicho el propio Jose). Lo que le ha supuesto otra falta muy grave.

En resumen: Una agresión que no se puede demostrar en un juicio. Y unas acusaciones verbales a un compañero de haber tenido acceso a las preguntas de examen. Ambas cuestiones calificadas como muy graves y que automáticamente suponen el despido del trabajador.

El instructor del expediente pidió la sanción máxima y en su máximo grado. Hay que decir que los hechos sucedieron con anterioridad a una denuncia por presunta prevaricación interpuesta por los sindicatos ante la pretensión de una subida salarial de varios miles de euros a ciertos cargos. Sin embargo, la sanción a Jose ha sido interpuesta a posteriori de esta denuncia por prevaricación y en pleno proceso judicial todavía. En otras palabras, aquellos que tienen que tomar la decisión de sancionar a Jose se les ha puesto en tela de juicio por los sindicatos y gran parte de la plantilla, y están sometidos a una denuncia por posible prevaricación en ese preciso momento. Y el ambiente laboral está bastante enrarecido por estos motivos.

Por otro lado, hemos de saber que el personal del SPEIS de Diputación de Cuenca es personal laboral, contraviniendo la normativa actual en materia de régimen local, en contra del criterio que se aplica en la mayoría de los servicios existentes en el Estado. Y en detrimento del servicio que se presta al ciudadano, se les ha privado del carácter de funcionario y agente de la autoridad que sí se reconoce a la inmensa mayoría de servicios de bomberos del país (92%).

Al margen de la pérdida de capacidades profesionales, de la falta de rigor jurídico en la organización del servicio con personal laboral y del agravio comparativo que ello supone, también conlleva una sustancial pérdida de seguridad laboral en el personal que conforma este cuerpo de bomberos. Y que, como vemos, es despedido de forma impune sin pasar por fórmulas más ajustadas al caso que nos ocupa, y que harían absolutamente innecesario ese despido. No obstante, esto nos hace pensar que si quien tiene poder para mediar en un expediente está siendo sometido a la presión que se deriva de un proceso judicial abierto contra su persona, y que pone en tela de juicio su honorabilidad ante la plantilla, puede verse afectada su objetividad en ese preciso momento y, por ejemplo, inhibirse ante la asunción de medidas ejemplares desproporcionadas por parte del órgano sancionador que él mismo ha nombrado. No hay que olvidar que, tras la imputación al Presidente, también se ha sancionado a otro trabajador con un traslado forzoso a 120 km.

En cierta forma, en aras de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, cuando se dan estas circunstancias, los imputados o acusados deberían inhibirse de incoar expedientes o realizar nombramientos de instructores de los mismos, mientras no exista una resolución judicial que cierre el proceso.

Así evitaríamos todo tipo de posibles represalias o sanciones tendentes a generar un efecto ejemplificante en aquellos que precisamente forman parte de dicha imputación. ¿Habrá sucedido esto en este caso? No podemos afirmarlo. Cada cual que interprete los hechos y llegue a sus propias conclusiones. Pero aplicar la máxima sanción en ese preciso momento, y sin precedentes en la Diputación Provincial de Cuenca, no deja en muy buen lugar a sus autores.

Además, en este proceso disciplinario tampoco han permitido participar a los sindicatos, se ha hecho sin informarles previamente, sin pasar por el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Provincia de Cuenca) y sin la utilización de fórmulas sancionadoras más ajustadas al caso que nos ocupa, y que no supondrían el despido del trabajador afectado. Y es que cuando no hay intención de conciliar, ni escuchar, estamos sembrando la injusticia. En este sentido, el sistema judicial español, desde 1978 al menos, tiende a la reinserción de las personas. Ni siquiera un condenado en firme es tratado de forma subjetiva con intención de vengar la conducta punitiva a través de castigos ejemplares. Las condenas impuestas por las AAPP tampoco suelen aplicarse de forma máxima en primera instancia salvo casos muy especiales. Y ello se justifica por la existencia de toda una serie de medidas tendentes al ajuste de conductas indeseables entre los trabajadores que han de interactuar con otros semejantes. E independientemente de que este bombero deba modificar su conducta en ciertos aspectos, pues nadie es perfecto y podemos equivocarnos, el hecho de que no se haga uso de los mecanismos que las propias AAPP tienen a su disposición, revela que el proceso que se ha seguido dista mucho de contar con la objetividad e imparcialidad suficientes. Y este caso merece que sea revisado detenidamente, se acceda al diálogo poniendo encima del estrado todas aquellas circunstancias que lo rodean, sea pactada una solución con la Presidencia de la Diputación por la que se ajusten las medidas aplicadas y se devuelva a Jose la profesión que se le ha arrebatado innecesariamente.  Y con ello, se cierren las puertas a posibles actuaciones similares en este y en otros servicios de bomberos. O en su defecto, y si no queda más remedio, que sea la justicia quien lo haga. Porque hemos de tener claro que cuando alguien es despedido sin que medie intención de integrar, también se debilita el sistema laboral.

Esperemos que la dirección política haga uso de la moderación y talante democrático que han de ser inherentes a su vocación de servicio público, y se pueda llegar pronto a una solución.

Atentamente:

David Herrero Pérez

Presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales